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15.05.2018
En toda la provincia

Pretenden reprimir con hasta dos años de cárcel a quienes persistan en cortar rutas o calles

El Ejecutivo provincial presentó un proyecto de ley que propone un protocolo de actuación de la policía en las manifestaciones sociales.



Establece que quienes continúen con el corte de tránsito –luego de ser escuchadas sus demandas- estarán sujetos a la aplicación del artículo 194 del Código Penal. También le dará la potestad a la policía para establecer el lugar donde los periodistas cubrir la manifestación. Aclaran que los procedimientos serán registrados en video.
 

Uno de los talones de Aquiles de la gestión del gobierno. Así había bautizado en diciembre del año pasado el gobernador, Domingo Peppo, a los piquetes que se realizan periódicamente en calles y rutas del Chaco y sobre los cuales reconoció que le generan “malestar” porque “no creemos que ese es el camino”.

Finalmente, el lunes, el gobierno provincial presentó un proyecto a través del cual pretende modificar la Ley que actualmente regula los criterios mínimos que debe tener la policía durante manifestaciones sociales.


La iniciativa propone un protocolo de actuación que advierte que quienes continúen con el corte de tránsito – luego de ser escuchadas sus demandas- estarán sujetos a la aplicación del artículo 194 del Código Penal, que penaliza con hasta dos años de cárcel a quienes entorpecieren “el normal funcionamiento de los transportes” públicos o privados.

El proyecto de ley lleva el número 1945/2018. El mismo modifica los artículos 2°, 3° y 7° de la ley Nº 2.399-J (sobre criterios mínimos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas) la cual fue aprobada en noviembre de 2015.

La iniciativa busca establecer un procedimiento de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas programadas como en manifestaciones espontáneas. Dispone que se comunique la situación en forma inmediata a las autoridades competentes del Gobierno Provincial, y que se establezca un espacio de negociaciones para cesar el corte, notificando al Poder Judicial.

Una vez recepcionados los reclamos se deberá dar aviso al responsable del área correspondiente, quien deberá dar a conocer las respuestas de la petición a los manifestantes. Y al haber sido escuchado en sus peticiones, “sin perjuicio del resultado de las mismas”, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a los manifestantes que desistan de cortar las vías de circulación de tránsito, quienes deberán retirarse y ubicarse en la zona determinada por la autoridad local para ejercer sus derechos constitucionales.

En el inciso 4°, del artículo 8 bis, aclara que de no cesar en el bloqueo del tránsito, los manifestantes quedarán “bajo apercibimiento de incurrir en el art. 194 del Código Penal, y en las faltas y contravenciones previstas en el Código de Faltas de la provincia”.

Cabe recordar que ese artículo del Código Penal establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Además, la propuesta legislativa promueve la filmación de las manifestaciones. Aclara que “en la medida de las posibilidades”, se procederá a filmar y fotografiar los operativos, para el caso de ser “requeridas posteriormente por la Justicia, o que permitan evaluar el desempeño del personal interviniente.”

El proyecto también se mete en la actuación de los periodistas. “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”, sostiene la iniciativa.

En cuanto al uso de la fuerza, el personal de las fuerzas de seguridad “no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de los manifestantes”. “Se deberá limitar el uso de la fuerza como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”, indica el proyecto.

Fuente: Chaco día por Dia



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