23.12.2018
Por Eduardo Van Der Kooy

Macri apuesta al “voto resignación”

El Gobierno tiene un horizonte complejo. Pero la persistencia de CFK y la corrupción le dan una oportunidad.


El Gobierno no tiene una fórmula para modificar la percepción externa, sobre todo, e interna que parece estar condenando a la Argentina: la profundización de la desconfianza. Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que se están viendo “los primeros buenos resultados” del plan económico. 

Cuesta todavía encontrarlos. La francesa, por interés propio, hace una fuerte apuesta a favor de Mauricio Macri. Su pronóstico optimista, sin embargo, se estrella contra otra realidad. Los mercados continúan recelando y el riesgo país merodea su pico: llegó a 821 puntos.

El problema de aquella desconfianza es la economía. Pero no únicamente. No existe ningún rasgo del paisaje que transmita garantías. El país se encamina hacia un año electoral caótico y enigmático, cuya propuesta asoma por ahora sin despertar entusiasmo. Se circunscribe a Macri, cuyo Gobierno después de la crisis financiera quedó atrapado en el ajuste, sin un relato político atractivo.

También a Cristina Fernández y el kirchnerismo, cuya matriz de pensamiento navega aún entre la década pasada y las virtudes ficcionales de los lejanos 70. El peronismo tradicional, que aspira a una superación, constituye sólo un agrupamiento de gobernadores y dirigentes cargados de ambición.

La vigencia de la desconfianza se fortalece con otros trastornos de tipo institucional. Después de la aprobación del Presupuesto, el Congreso no pudo avanzar con leyes clave. Sólo la sanción de la llamada Ley Micaela, que establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres. Una norma que apunta a la búsqueda, en ese campo, de un equilibrio inexistente.

También a una imprescindible regeneración moral colectiva. Un ensayo de cambio en la raíz cultural que probablemente insuma generaciones. Los mercados miran el 2019.

Como broche para que aquel mar de dudas se agite está la guerra palaciega desatada en el Poder Judicial. En su instancia máxima, la Corte Suprema. Mayoría de sus jueces vienen votando en contra del Gobierno y transmitiendo, al mismo tiempo, una inquietante volatilidad interna. Su presidente, Carlos Rosenkrantz, resultó la semana pasada aislado por sus pares. Quedó convertido en rey desnudo. Resulta difícil mensurar las consecuencias de tal desaguisado. Seguro que no se trata de una señal auspiciosa para el mundo, que observa a la Argentina desde hace décadas como nación imprevisible y precaria.

Sobre ese panorama trabajan Macri y sus estrategas pensando en su proyecto de reelección. Se trata, al margen de las muchas diferencias en la coalición oficial, del único centro de gravedad que ordena. Pero que descubre, al mismo tiempo, la falta de volumen político para progresar. El macrismo se aferra a las ingenierías electorales y a cómo usufructuar dos cosas: la conservación de un núcleo importante –un tercio—pese a todos los errores y contratiempos; la pretensión de captar el año que viene una buena porción del núcleo de los hoy desencantados. Que ante la falta de alternativas y la persistencia de Cristina en el tablero podrían regresar a Cambiemos. No por expectativas renovadas. Sí por resignación.

El interrogante pasa acerca de cómo volver a contentar a ese conglomerado en un hipotético segundo mandato que obligará a mantener, por lo menos, muchas de las reformas dolorosas del presente.

El Presidente carece por ahora de herramientas innovadoras. Al contrario, se vio obligado la semana pasada a cancelar el programa de Participación Pública Privada (PPP), que tendrá impacto sobre la obra pública. Un diferencial que el Gobierno logró en los primeros tiempos respecto del pasado K. Una limitación que cercena las posibilidades del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Golpea además a María Eugenia Vidal, que deberá arreglarse con los recortados fondos provinciales para mejorar la infraestructura en Buenos Aires y disimular en el Conurbano la falta de mejoras en el aspecto económico-social.

Quizá por ese motivo las presencias estelares en el Gabinete resultan casi nulas. Nicolás Dujovne se remite a cumplir el acuerdo con el FMI. Dante Sica, el ministro de Producción, parece cercado por una recesión que continúa aportando pésimas noticias. La actividad industrial registró en noviembre una caída del 7,4%. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es la única en condiciones de dar batalla. Pero abordar el problema de la inseguridad es siempre complejo, más allá de la atención social que concita. Muchas de sus propuestas, como el nuevo protocolo policial, levantan polvareda en Cambiemos y en la oposición.

En otros casos, la sanción de la Ley contra los barrabravas, se encuentra con problemas operativos. Porque los violentos disponen de complicidades en el mundo político, sindical y deportivo.Están adentro del sistema. No afuera. Esa constituye la diferencia sustancial con el ejemplo que se suele enarbolar: la que fue dura lucha y casi erradicación de los hooligans en Gran Bretaña.

Miguel Pichetto, el jefe del bloque Argentina Federal en el Senado, fue quien hace poco hizo la descripción más descarnada del problema. Una radiografía que aterra. Al participar en un debate alertó que “si se abre el debate sobre los clubes de fútbol no queda nadie”,sinceró. La admonición fue formulada cuando la Justicia reclamó la detención de Pablo Moyano, hijo de Hugo, el líder camionero, por su supuesta connivencia y negociados con los barrabravas de Independiente.

Aquellas palabras parecieron poseer correspondencia con la frustrada aprobación de la ley en Diputados. El proyecto original, que el Gobierno envió al Congreso hace dos años, pudo ser abordado recién ahora luego de una ardua negociación con la oposición. Pero tras la votación en general, a favor, surgieron dificultades en la consideración de cada artículo. Al final, la norma volvió a Comisión y quedó como promesa para el año que viene. El Senado, a través de Pichetto y de Federico Pinedo, había dicho que no cabía en la agenda de esa Cámara.

El fracaso tuvo responsabilidades múltiples. El kirchnerismo advirtió sobre su desacuerdo por la severidad de algunos castigos. Por ejemplo, en el caso de adulteración de entradas. Otras bancadas también plantearon reclamos. Cambiemos se exhibió débil para el debate. Como le suele ocurrir. Careció de respuestas para salir del encierro al que lo empujó la oposición. Al que también ayudó. El PRO resistió la propuesta de Carrió para que los dirigentes de fútbol no puedan tener simultáneamente cargos en la función pública. Ahora sucede.

En el universo de la política nadie está en condiciones de arrojar la primera piedra. Ni oficialistas ni opositores. Bullrich consultó a Macri (“dale para adelante”, aseguran que dijo) antes de insistir con la Ley contra los barrasbravas. Porque en el medio de la historia, entre tantos, figura Rafael Di Zeo, histórico líder de La Doce boquense, que tuvo relación en su tiempo con el Presidente y la tiene ahora con Daniel Angelici. Di Zeo está procesado pero recibió una autorización para viajar a Madrid con motivo del partido entre River y Boca.

La licencia se la otorgó la jueza Sabrina Namer, sospechada de proximidad con el kirchnerismo. Fue separada de la causa sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán. Votó también las libertades de Carlos Zannini y Luis D’Elía. Di Zeo desistió de su viaje, aunque se mostró en la despedida a los futbolistas, porque figura en la lista de interdictos para ingresar a estadios que Bullrich intercambió con las autoridades españolas.

Las líneas, como se advierte, se mezclan. Pero el contubernio emerge con mayor claridad en el kirchnerismo. Cuando estuvo en el poder invistió a los barrabravas de facultades políticas. Por esa razón articuló la llamada Hinchadas Unidas Argentinas, que asistió con desmanes en los Mundiales de Sudáfrica (2010) y Brasil (2014). Una investigación sobre esos violentos fue la punta de la historia que colocó al fiscal José María Campagnoli al borde del jury que impulsó la entonces Procuradora, Alejandra Gils Carbó. El funcionario judicial había detectado incluso giros de dinero a los barras atribuído al empresario K, hoy encarcelado, Lázaro Báez.

Las muestras de aquella época sobran. El hermano de la última ministra de Seguridad de Cristina, María Cecilia Rodríguez, apareció vinculado a los barrabravas de River. Otro empleado de la Secretaría de Comercio, incorporado por Guillermo Moreno, cumplió un papel público activo en defensa del kirchnerismo. Rarezas: continúa con Macri en la planta permanente. Un caso similar sucedió con otro funcionario de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que comandó José Sbatella. Fue separado de su cargo y luego reincoporado. Allí está campante. Las ramificaciones salpican a todos. Durante bastante tiempo se vio merodear los actos del Frente Renovador, de Sergio Massa, a Daniel Paz, conocido como El Negro Fiorucci, líder de la hinchada de Tigre, finalmente detenido por tenencia de armas y droga.

Semejante entramado devela la oscuridad de la política. También la resistencia a transformarla en más decorosa y menos corporativa. La Cámpora vacila en echar al senador Jorge Romero, hombre del diputado nacional Andrés Larroque, acusado por abuso de género. Los radicales muestran una conducta similar con el senador Juan Carlos Marino. El peronismo en el Senado, que pretende diferenciarse de Cristina, reiteró que no tratará su desafuero. Golpe a la diferenciación. La Cámara Federal ratificó el procesamiento que dictó Claudio Bonadio contra la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita para recaudar. Es la causa de los cuadernos de las coimas. Todo permanece.

Fuente: Clarin



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