05.07.2020
Por Federico Delgado

Un campo minado

Trabajar en un lugar como los tribunales en medio de un campo político dividido en base a la díada amigo–enemigo es muy difícil.


En particular, porque precisamente el sistema judicial es la institución que resuelve qué está prohibido y qué está permitido de acuerdo con la ley.  Un rasgo distintivo de aquella división de la arena pública es la renuncia a la reflexión y, en consecuencia, la tendencia a rechazar todo aquello que no se ajusta a uno de los lados del campo.

Por lo tanto, cualquier sentencia está sujeta a esa puja y se vuelve estéril contraponer a una visión sesgada una razón técnico- jurídica. Es verdad que las sociedades jamás fueron un jardín de rosas. Aristóteles en su Política reconocía que el antagonismo entre los “pobres libres asalariados” (aporoi) y los “propietarios” era el eje que vertebraba la sociedad.

Precisamente por ello, se preocupó por pensar un régimen político capaz de procesar ese conflicto. Nos legó su “politeia”, que se asemeja a la perspectiva republicana, estructurada en derredor de mediaciones institucionales capaces de ordenar la articulación de intereses contrapuestos, bajo una ley concebida como la expresión de voluntad común.

Nuestra constitución recogió la república, pero la realidad revela que estamos lejos de ella. La pregunta es ¿Cómo surfear esas olas y cumplir la promesa al texto fundacional que hicimos los que trabajamos en los tribunales? No tengo una respuesta clara. Pero puedo describir el contexto en que se desenvuelven los magistrados y qué herramientas existen para hacer el trabajo lo mejor posible. 

Nuestra constitución es sabia. Previó situaciones de altísima conflictividad social. Por esa razón, asignó a los magistrados algunas protecciones que no son para los jueces y fiscales como personas físicas, sino que rodeó a la función de aplicar la ley de algunas seguridades que son una garantía para los justiciables.

La idea de nuestros padres fundadores apuntó a que las presiones no interfieran en la voluntad de los magistrados. En esa clave hay que pensar la permanencia en el cargo, la remoción por juicio político o la intangibilidad de los salarios. Aunque muchas personas, a veces con razón, perciben esas protecciones como privilegios para los jueces y fiscales, en realidad son garantías para los ciudadanos.

Es importante, entonces, remarcar que los constituyentes pensaron en instituciones fuertes capaces mantener la paz espiritual de los jueces y fiscales para que resuelvan los casos en libertad. Actualmente el diseño de la constitución no funciona bien. No es este el momento de explicar por qué.

Tan solo debo decir que la institución judicial no es fuerte porque sus paredes están agujereadas y por allí penetran intereses que no deberían ingresar. Ello inevitablemente es una anomalía que se agrega a otras que puedo resumir en una sola: el uso de la ley en un sentido particular.

En efecto, las leyes nacieron para ordenar la convivencia social. Su uso supone una base ético - política cuyo horizonte normativo es el bien general. Si quienes tienen chances de usar la ley lo hacen privilegiando sus intereses, ello también impacta en los tribunales. Es un rol que, por ejemplo, cumplen los expedientes administrativos o causas penales “formalmente” válidas, pero sustancialmente ilegales, ya que funcionan como una advertencia que, llegado el caso, se puede traducir en la expulsión, en la ridiculización o en la humillación de los magistrados.

La transformación de la noticia judicial en un insumo para la política partidaria es otro problema para los jueces y fiscales; sobre todo, cuando sale de los tribunales y llega a los ciudadanos a través de los medios de comunicación masiva. Aquí los problemas son múltiples y me parece una cuestión nodal para entender cómo se retroalimenta la división del campo político en la lógica amigo - enemigo. 

La justicia destila productos judiciales que, según su naturaleza, automáticamente alimentan uno de los lados del campo. Aunque me ocupé de ello en República de la Impunidad, aquí simplemente puedo señalar que en nuestro país se desarrolló un mecanismo de “juicios paralelos”, “causas armadas” y “causas administradas arbitrariamente”, que en su conjunto dañan a las instituciones y a todos los protagonistas (incluso a los jueces y fiscales). 

Básicamente, son medios que no solamente persiguen la aplicación de la ley, sino que a veces buscan decisiones “a medida” y sanciones de tipo social, como la vergüenza. La arena judicial, en esa clave, es un dispositivo central porque consagra ganadores y perdedores.

¿Qué herramientas tenemos los jueces y fiscales para hacer el trabajo bien? Tenemos el elemento básico, que es aplicar honestamente la ley. No obstante, aunque hay muchos jueces y fiscales excelentes, el sistema en su conjunto está sospechado. Por lo tanto, la aplicación de la ley queda sujeta a un juicio de credibilidad en el que casi siempre perdemos. También tenemos el propio aparato judicial, que tiene capacidades jurídicas y simbólicas para proteger la función. Sin embargo, salvo contados casos, ellas no cumplen su cometido.

Finalmente, contamos con la contextura moral de cada funcionario que, para decirlo kantianamente, nos invita a pensar antes de tomar una decisión si ella podría concebirse como ley universal.  No tenemos nada más. La conclusión evidente es que tenemos muchos problemas y que los malos jueces, los malos fiscales y los malos empleados de los tribunales constituyen una parte del problema, mas no todo.

¿Qué necesitamos para resolver los casos con exclusiva subordinación a la ley? Muchas cosas que no puedo enumerar. Voy a señalar una que agrupa a muchas y que me parece central: lealtad con la constitución de parte de todos los actores de la vida pública ¿Qué quiere decir?

Básicamente respetar las reglas de juego y no usar las estructuras de la república y la potencia normativa de la democracia despojados de la ética pública. Sin dar ese primer paso, me parece imposible recuperar una institución judicial fuerte, creíble y en la que los jueces y fiscales puedan trabajar en paz y rindiendo cuenta de sus decisiones. Jean Jaques Rousseau y Nicolas Maquiavelo fueron grandes pensadores a los que, entre tras cosas, los preocupó la lealtad de los ciudadanos a la república.

Ambos suponían que era necesario construir colectivamente una suerte de religión laica. La llamaban el “amor a la patria” y auguraban que era el medio más eficaz para que ningún interés privado pudiese interferir en el derecho inalienable de los ciudadanos a definir el “bienestar general” en el marco de la ley.

En clave de nuestros días, los jueces y fiscales vamos a trabajar en paz cuando todos los ciudadanos logremos construir un espacio público exclusivamente subordinado a la constitución. 

*Fiscal Penal de la Nación.

Fuente: Perfil.com



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